Febrero del 2005
“Un Desarrollo Patas Arriba y al Revés”
Actores
Globales, Minería y Resistencia Comunitaria
en Honduras y
Guatemala
Por Sandra Cuffe
Traducido del inglés por René Calderón
info@rightsaction.org * 416-654-2074 * www.rightsaction.org
Estimad@s Compañer@s,
Aquí en archivo adjunto está la versión en español de un informe sobre la minería en Honduras y Guatemala, los actores globales y la resistencia. El resumen está pegado abajo. Disculpen:1) El peso del archivo.2) El gran atraso en la difusión de la versión traducida. Aunque han pasado mil cosas en el caso del proyecto Marlin, no creo que en la sección que trata de Marlin había tanta información de interés para Uds en Guatemala que están trabajando el tema, como de todas maneras, ya la tenían. Pues, espero que pueda servirles siempre, sobretodo las primeras 2 partes sobre los diferentes actores globales (Grupo Banco Mundial, agencias de los gobiernos canadienses y estadounidenses, las Naciones Unidas, etc) que han estado involucrados en crear las circunstancias propicias para beneficiarse ellos mismos de la explotación minera en Honduras, Guatemala y el mundo. Y si hay aspectos en que les serviría tener mayor información e investigación, favor dar a conocer esas necesidades y a ver entre tod@s qué se puede lograr.
Solidaridad,Sandra CuffeDerechos en Acción
***********************
INDICE
Resumen Popular 2
I. A Manera de Introducción 4
2.1 Las Partes Privadas
del Banco Mundial 7
2.2 Los Canadienses, tan
Amables 10
2.3 Los Sospechosos de Siempre: los EE.UU., seguridad
privada...y ¡la ONU! 12
2.4 Comerciando la
Autonomía, Tierras, Minerales, Derechos y Desarrollo 14
2.5 ¿Cuáles Derechos
Indígenas? 15
III. Reconstruyendo Guatemala y Honduras 19
3.1 Una breve Historia de
Invasión, Persecución y Genocidio 19
3.2 Una Ventana a la
Oportunidad 21
3.3 Lo más Sobresaliente
de la Nueva Legislación 22
3.4 La Nueva Invasión –
Guatemala 23
3.5 Ocupación en Curso –
Honduras 24
IV. Enfoque en Glamis Gold 29
4.1 Socavando los Sitios
Sagrados Indígenas 29
4.2 El Valle de Siria –
¿Desarrollo o Zona de Sacrificio Humano? 30
4.3 ¿Mejorando el Futuro
de Guatemala? 35
V.
Resistencia Comunitaria y Global 39
5.1 ¿Agitadores
Extranjeros Anti Desarrollo? 39
5.2 Legítima Resistencia
Comunitaria 40
5.3 Proponiendo Reformas
Legislativas 43
5.4 ¿y la Justicia? 45
VI. Y Ahora, ¿Qué? 47
Se ha incrementado el interés internacional sobre la
resistencia local contra las actividades de minería metálica, particularmente
en la oposición de las comunidades indígenas en el departamento de San Marcos,
Guatemala, para el proyecto Marlin de Glamis Gold Ltd. Este interés y
preocupación fueron estimulados por las noticias del asesinato del manifestante
indígena Raúl Castro Bocel en manos de las fuerzas de seguridad, cuando el
gobierno de Guatemala envió al ejercito y la policía para reprimir las
protestas en Los Encuentros y asegurar el paso de un convoy con equipo
perteneciente a Glamis Gold.
Este informe se enfoca en la situación actual de
Guatemala y Honduras, en cuanto a las actividades de la minería metálica, las
compañías transnacionales y la respuesta de las comunidades. Sin embargo, la situación
actual no se puede discutir solo en términos de la minería en Guatemala y
Honduras; la situación actual es un producto de cambios en las leyes y en el
marco normativo, los cuales son productos de un modelo de “desarrollo”
artificioso, promovido y llevado a cabo por los mismos actores globales que
lucran del sistema neocolonialista global injusto y explotador.
Diversos actores globales están involucrados en la
industria de la minería alrededor del mundo.
El Grupo del Banco Mundial, a través de sus instituciones que apoyan al
sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Organismo
Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), está directamente involucrado
en financiar y asegurar las empresas transnacionales mineras, así como su
implicación como accionista directo en muchos proyectos mineros. El Banco Mundial y su institución hermana, el
Fondo Monetario Internacional, también se han involucrado en las reformas de
las leyes y políticas mineras – beneficiando a las compañías transnacionales a
costa de la gente del lugar y de las comunidades – en docenas de países de todo
el mundo.
El Gobierno de Canadá con sus instituciones, como la
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI; CIDA por sus siglas en
inglés), el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional
(DFAIT por sus siglas en inglés) y la Corporación de Desarrollo de las
Exportaciones (EDC por sus siglas en inglés), han jugado papeles similares en
la promoción y la implementación de leyes y políticas, financiando y asegurando
los proyectos mineros y promocionando la industria – utilizando fondos públicos
– para apoyar a las compañías mineras canadienses. La Agencia de Comercio y
Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA por sus siglas en inglés) y el Banco
Exportador-Importador están comprometidos en las mismas actividades al igual
que sus contrapartes canadienses. Agencias y compañías de seguridad y militares
de las Naciones Unidas promocionan y protegen una industria que afecta
desproporcionadamente a los pueblos indígenas, como sucede con los Tratados de
Libre Comercio regional y bilateral que protegen a los inversionistas y
fomentan el establecimiento de la agenda neoliberal.
Ambos con largas historias de explotación de los
recursos naturales dominados por el control extranjero, persecución y
genocidio, Guatemala y Honduras han sido lugares de intensificación de la
actividad transnacional de compañías mineras. Más de un tercio de Honduras y un
décimo de Guatemala están cubiertos de concesiones y licencias mineras, muchas
de las cuales, en el caso de Guatemala, están localizadas en territorio de
comunidades indígenas. Este incremento en
la actividad de minería metálica es producto de las reformas de las
leyes sobre minería a finales de los 1990, cuando los actores globales vieron
una ‘ventana a la oportunidad’ para proseguir con su agenda de ‘desarrollo’ con la firma de los
Acuerdos de Paz en Guatemala y el Huracán Mitch en Honduras. Docenas de
compañías canadienses y de los Estados Unidos están operando en la región.
Un ‘líder’ en la compañía canadiense/estadounidense
Glamis Gold Ltd. esta actualmente involucrado en un caso de arbitraje en contra
de los Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
por las medidas protectoras tomadas previamente por instituciones
gubernamentales de California para proteger los lugares sagrados de las
Primeras Naciones de los daños de la minería a cielo abierto. La misma compañía
opera la mina de oro de San Martín en el Valle Siria, Honduras, donde los
impactos devastadores incluyen enfermedades, falta de agua potable,
contaminación, fracaso en las cosechas y mucho más. Se presentaron cargos
contra la subsidiaria Entre Mares que funciona como representante de Glamis por
una serie de crímenes en contra del medio ambiente y otros más; no obstante
estos casos yacen ‘durmientes’ en el sistema de ‘justicia’ hondureña, un hecho
sintomático de la impunidad global en la cual las compañías mineras y otros
actores globales operan. Glamis Gold también es dueña del proyecto Marlin en
Guatemala en donde los derechos de las comunidades indígenas y sus demandas han
sido completamente ignoradas y violadas, como lo demostró el asesinato del
activista indígena, el pasado 11 de Enero.
Desde San Marcos al Valle de Siria para las numerosas
comunidades y organizaciones alrededor del mundo, la resistencia basada en la
comunidad no es el producto de agitadores extranjeros en contra del desarrollo
o de la ignorancia, como las compañías mineras e instituciones internacionales
afirman. Ante el modelo de ‘desarrollo’ impuesto y las regulaciones de los
marcos de trabajo que están al extremo opuesto con respecto a los intereses e
iniciativas comunitarias locales de desarrollo, las comunidades están luchando
para defender sus tierras, su territorio, el agua, sus recursos, su soberanía
alimentaria, el medio ambiente, su salud y sus necesidades de la invasión de
las actividades mineras destructivas que operan entre la impunidad y el gran
apoyo de los actores globales. A pesar
de este increíble desequilibrio de poder, muchas comunidades en América Latina
y Centro América han detenido las actividades mineras con éxito – al menos
temporalmente.
Mientras que es importante apoyar las luchas,
prioridades, demandas y necesidades de las comunidades locales, es crucial que
las iniciativas de la solidaridad internacional sean dirigidas al modelo global
de ‘desarrollo’ del cual la minería es solo un ejemplo. Un movimiento de
justicia global que trate con problemas de minería en Honduras y Guatemala debe
confrontar el injusto y opresivo sistema global y a los actores globales que
lucran de la continua explotación.
Con el interés de alentar hacia el activismo sobre
estos y otros temas relacionados, y para que se mantengan al día con la información,
algunas sugerencias de donde buscar más información son incluidas.
I. A MANERA DE INTRODUCCION
Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la
miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos;
otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros
perdimos: la historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha
dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra
riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de
otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y
neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se convierten
en veneno.[1]
- Eduardo Galeano, Venas
Abiertas de América Latina
El libro
de Galeano cuyo segundo título es “cinco siglos de pillaje de un continente”
fue escrito al inicio de los 1970s, hace ya más de 30 años. Si uno imaginara
una versión actualizada, esencialmente sería suficiente agregar una nota al
final: 1970 – tiempo presente, Más de lo mismo. O como un amigo bromeó, “y
entonces se arruinó”.
El 11 de Enero del 2005 el gobierno de Guatemala envió al ejército para
reprimir a los manifestantes y proteger un convoy que llevaba equipo minero
para el proyecto Marlin que Glamis Gold Ltd. tiene en San Marcos en el altiplano de mayoría
indígena, un proyecto apoyado activamente por el Banco Mundial y la Embajada de
Canadá. Raúl Castro Bocel fue asesinado
por las fuerzas de ‘seguridad’ cuando el convoy se dirigía a su destino, a
pesar de la resistencia de las comunidades y de grupos en todo el país y a
pesar de la falta de consulta con los pueblos indígenas directamente afectados.
El
proyecto Marlin no es más que uno de cientos de concesiones mineras otorgadas a compañías
mineras transnacionales en Guatemala y Honduras. La misma Glamis Gold es la
propietaria de la mina de oro de San Martin en el Valle de Siria, Honduras, una
región con serios problemas de salud, degradación del medio ambiente y abusos
de la compañía. La misma compañía también ha llevado al gobierno de los Estados
Unidos a un arbritaje bajo las cláusulas de protección a la inversión del
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en su famoso capítulo 11, debido a
que en California se ratificó una ley que proteje los sitios sagrados Indígenas
de la minería a cielo abierto.
¿Qué esta
pasando en Guatemala?, ¿En Honduras?, ¿De donde vienen todas estas compañías
mineras?, ¿Que tipo de leyes han facilitado este repentino incremento en la
actividad minera?, ¿Que papel juegan el Banco Mundial, los gobiernos de Canadá
y los Estados Unidos y otros actores globales?, ¿Que tipo de ‘desarrollo’ están
ellos defendiendo?, ¿Cuales son las respuestas de las comunidades, los pueblos
indígenas y organizaciones en el terreno?
En
solidaridad con las comunidades en resistencia en Honduras y Guatemala y en un
esfuerzo por contribuir con el movimiento de justicia global y su enfoque en
terminar con la impunidad global y responsabilizar a los actores del Norte por
sus acciones y su complicidad, este informe intenta iniciar la respuesta a
estas preguntas. La Sección II: Estableciendo el Escenario, examina el continuo
papel de los actores globales (el Banco Mundial, los gobiernos de América del
Norte, etc.) en el establecimiento del marco de trabajo para las actividades
mineras alrededor del mundo actual. La Sección III: Reconstruyendo Guatemala y
Honduras, enfoca el mismo proceso y sus resultados en estos dos países
Centroamericanos. La sección IV: Enfoque en Glamis Gold, revisa las actividades
de una compañía minera transnacional importante en la región. La Sección V:
Resistencia Comunitaria y Global, brevemente discute la respuesta local y la
resistencia basada en la comunidad en Honduras, Guatemala y mas allá. Se incluyen algunos enlaces en la sección VI
para alentar la búsqueda de más información, orientada a fortalecer la
resistencia de las comunidades y organizaciones.
Cuando se
ve la actividad minera actual en Honduras y Guatemala, es de miopes tratar de
entender la situación sin colocarla en el contexto histórico y la continua
inequidad global, dominación, poder, militarización y represión. La explotación de los recursos naturales no
es un tema meramente ambiental, aislado del orden político nacional e
internacional, económico y social diseñado para mantener un sistema global
injusto y explotador.
Fundamentalmente,
la manera problemática en la cual las actividades mineras se han estado
llevando a cabo en el mundo es parte de un sistema mucho más grande. El modelo
de ‘desarrollo’ que agresivamente siguen las instituciones multilaterales, los
gobiernos del Norte y otros actores globales reflejan el interés por los
grandes negocios en vez de las prioridades, las necesidades y visiones de las
mismas comunidades. Es importante anotar
que la responsabilidad y complicidad no solamente yace en los inversionistas
del Norte y sus gobiernos e instituciones multilaterales, sino también en las
poblaciones del Norte, ambas como consumidores (por ejemplo, más del 80% del
oro es para la industria de joyería) y como residentes. Los gobiernos de Canadá
y Los Estados Unidos están defendiendo e implementando un modelo de ‘desarrollo’ destructivo con fondos
públicos. Similarmente, el Banco Mundial
y otras instituciones multilaterales son la suma de sus partes - países
miembros.
En
Centroamérica, comunidades han sido desplazadas para dar lugar a lagunas de
solución de cianuro, mientras que las fuerzas de seguridad privadas y estatales
protegen montañas deforestadas que son dinamitadas y pulverizadas para extraer
mineral. Muchos han hablado de la importancia del oro negro y ahora el oro azul
(petróleo, agua). Aunque es un argumento
válido, no olvidemos los metales preciosos. La industria minera, utilizando
tecnología ‘moderna’, el método tipo cielo abierto y substancias tóxicas para
reducir costos y atraer inversionistas, continua haciendo estragos alrededor
del mundo, con un impacto incalculable en el medio ambiente, la salud, los
pueblos indígenas y las comunidades.
La
situación puede no ser tan evidente como la de las minas en tiempos de la
colonia que operaban con trabajos forzosos entre conquista y genocidio.
Compañías mineras multinacionales tienen relacionistas públicos trabajando en
el control de daños, con comunicados de prensa de fundaciones de ‘desarrollo’
para convencer al mundo que ellos están en efecto brindando progreso,
desarrollo y empleo a las comunidades. El Grupo del Banco Mundial, con acciones
en la empresa minera apoyados por la Corporación Financiera Internacional,
junto a su institución hermana el Fondo Monetario Internacional (FMI) esconden
sus actividades dentro del doble discurso ‘Estrategia para la Reducción de la
Pobreza’. Enormes sumas de dinero han
sido invertidas para convencer al mundo que la minería (la explotación de
recursos no renovables) es beneficiosa para el ‘desarrollo’ de la población
local y puede, de hecho, ser sostenible.
“ Nunca
he visto una mina que se ajuste a mí definición
de desarrollo sostenible”, dijo el experto en sistemas de minas y aguas Dr.
Robert Moran, en un almuerzo al
dirigirse a la multitud que se reunió para escucharlo hablar en el Foro
Nacional de Minas en la ciudad de Guatemala el 1 y 2 de Diciembre del 2004, actividad
promovida por el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, el Grupo del Banco
Mundial y la Embajada Canadiense, entre otros. En minería, hay ganadores y
perdedores, dice Moran, y es importante preguntar quien gana y quien pierde –
la mayoría de los ganadores no vive cerca de la mina. La ‘regla de oro’ es aplicable a esta industria, considera Moran: “aquellos que tienen el oro, mandan”. [2]
Alrededor
del mundo, las compañías transnacionales mineras, el Grupo del Banco Mundial,
los gobiernos de los Estados Unidos y de Canadá y otros actores globales tales
como las Naciones Unidas han estado empleando una continua campaña pública para
calmar la creciente oposición a las actividades mineras. En la investigación de
estos temas en el caso de Honduras y Guatemala, ha llegado a ser cada vez más
claro que el Banco Mundial y el gobierno de Canadá han tomado un papel de liderazgo en la
promoción de la industria de minería metálica. Similarmente, se pensó que la
mayoría de compañías activas en la región eran de los Estados Unidos y Canadá,
las principales compañías de la vasta mayoría están de hecho registradas en
Canadá. Sin embargo, estas compañías se
fusionan, compran otras compañías, y entran a ser empresas colectivas y otros
acuerdos más aprisa que es posible seguir sus actividades. Así, mientras que la
mayoría de compañías están anotadas como canadienses, muchas son de hecho
fusiones entre Canadá y los Estados Unidos, registradas en Canadá por
propósitos financieros.
Por otro
lado, las comunidades, los grupos indígenas, las organizaciones de base, las
ONGs y sectores de la Iglesia Católica han estado involucrados en una variedad
de iniciativas, que van desde la acción directa y resistencia de la comunidad,
a propuestas bastante publicadas para reformar las leyes sobre la minería tanto
en Guatemala como en Honduras.
Mientras
que diversas organizaciones comenzaban a darse cuenta de la extensión con la
que la actividad minera afecta totalmente a las comunidades en ambos países,
una fase de reunir y compartir información se amplía, para oponerse a la
propaganda distribuida por las compañías y sus contrapartes institucionales y a
las numerosas estrategias utilizadas para manipular la aprobación de las
comunidades. En un congreso de emergencia de organizaciones Mayas que se
realizó en Guatemala los días 29-30 de Noviembre del 2004, para analizar las
actividades mineras en el país de cara al foro oficial en el cual los pueblos
indígenas estaban casi por completo excluidos, un participante subrayó la
importancia de la información: “si
nosotros no manejamos la información, de alguna manera, estamos ciegos...”
El
aumento en la conciencia y respuesta a la minería en Honduras y Guatemala se
debe a la entrada en la región de las compañías extranjeras principalmente de Canadá
y los Estados Unidos, llevando a cabo agresivos programas de exploración en su
gran colección de concesiones. Este violento ataque de concesiones mineras,
mejor conocido como “la nueva invasión” por muchas organizaciones indígenas, se
debe en gran parte a los cambios que se realizaron a finales de los años 1990 a
las leyes que regulan al sector minero en Guatemala y en Honduras. En sí, estos
cambios de leyes son parte de un modelo de ‘desarrollo’ mucho más grande,
diseñado para los países explotados (llamados ‘en desarrollo’), llevado por y
beneficiando a las mismas instituciones, compañías y países que continúan
lucrando del sistema neocolonial.
II.
ESTABLECIENDO EL ESCENARIO
Como muchas compañías transnacionales comenzaron a extender sus actividades
de exploración lejos de su lugar de origen hacia a un fuerte enfoque en el
potencial de lucro del mineral de los países (‘en desarrollo’) explotados, los
mismos países estuvieron reescribiendo sus leyes sobre minería, liquidando
empresas mineras estatales, y ofreciendo a los inversionistas extranjeros
exención de impuestos y otros beneficios. En años recientes, más de 70 países
alrededor del mundo han ‘modernizado’ su legislación minera. [3]
Lejos de ser una coincidencia de suerte para las corporaciones, los
cambios en las políticas y las leyes de minería en diferentes países alrededor
del planeta han sido parte de la agenda neoliberal del Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y los bancos regionales de ‘desarrollo’, tales
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este marco de trabajo que coloca inversiones
y ganancias arriba de los intereses de las comunidades y pueblos locales está
también reflejado en los diferentes acuerdos comerciales multilaterales y
bilaterales.
En el caso de la minería, aparte de las poderosas compañías que se
mueven en las sombras, los actores clave en el escenario global han sido el
Grupo del Banco Mundial – particularmente su sector privado de préstamos, la
Corporación Financiera Internacional (CFI), acompañada del Organismo
Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) – y los gobiernos de los Estados
Unidos y Canadá, representando los intereses de las compañías Norteamericanas.
Aún más allá, estos cambios frecuentemente han sido implementados con la ayuda
de la fuerza; las fuerzas de seguridad nacionales, la ayuda militar
estadounidense, las compañías privadas de seguridad y los mercenarios
(compañías ‘militares’ privadas) todos ellos han tenido su papel en proteger
las inversiones extranjeras de minería.
Alrededor del mundo, los pueblos indígenas son afectados
desproporcionadamente por las actividades mineras globales, todavía las
consultas casi siempre faltan o son manipuladas, como lo es la protección
legal.
2.1 Las Partes Privadas del Banco Mundial
El Banco Mundial frecuentemente es confundido con el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el cual de hecho es solo una de las cinco
entidades que hacen el Grupo del Banco Mundial. El BIRF y la Asociación
Internacional de Fomento (AIF) hacen préstamos a los gobiernos para proyectos
de ‘desarrollo’, alineados con la percepción común del Banco Mundial en conjunto. Sin embargo, el Grupo del Banco
Mundial, realmente es un banco y está muy involucrado en el sector privado, a
través de la Corporación Financiera Internacional, la cual hace préstamos
directamente a compañías privadas y también es accionista en muchos de estos
proyectos, y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones el cual
proporciona seguros para los proyectos del sector privado.
Un decisivo papel ha sido jugado por diferentes instituciones del Banco
Mundial al desarrollar leyes de minería que han facilitado la expansión global
de la exploración y explotación por las compañías mineras transnacionales.
Mientras que la mayoría de los países, especialmente en América Latina, tenían
códigos de minería que reservan estos derechos ya sea exclusivamente o
parcialmente para el Estado, la legislación ‘modernizada’ abre el sector minero
a la inversión y a la propiedad extranjera, reduce las ganancias del Estado a
regalías miserables (la norma es entre el 1% y el 3%), levanta restricciones e
impuestos en la importación de equipo y no requiere que las ganancias
permanezcan en el país en el que opera la empresa.
‘Nivelando el campo de juego’: El Chile de Pinochet
como el Buen Ejemplo
Como hacen otros en la industria, el
Banco Mundial busca en la experiencia de ciertos países para enaltecer los
beneficios de estas reformas:
Chile fue un pionero. A principios de la década de 1980, Chile arrastró
más allá sus políticas mineras y abrió el sector a la inversión privada al
nivelar el campo de juego. Removió barreras de entrada y salida, estableció
total transferencia de los derechos minerales, y adoptó reglas claras sin
discreción que se aplicaban igualmente a las compañías públicas, privadas,
nacionales y extranjeras. [4]
La afirmación de que Chile fue un pionero por sus políticas en la
minería es problemática en el mejor de los casos. En 1973, el gobierno de Chile
democráticamente electo fue derrocado por un golpe militar, apoyado por la CIA
y el gobierno de los Estados Unidos. Fundamentalmente, en la raíz de este y
muchos otros ‘cambios de regímenes’ están los modelos alternativos de
desarrollo; los países son libres de proseguir con el ‘desarrollo’ mientras no
se alejen mucho de la línea de los intereses de los gobiernos del Norte y de
las compañías transnacionales. Dentro de los que apoyaron este golpe militar
están las compañías mineras norteamericanas, molestos por los planes del Presidente
Chileno Allende de nacionalizar las minas de cobre del país. ‘Chile’ bajo el
gobierno de Pinochet fue un pionero en el uso de la tortura, los campos de
concentración, las desapariciones forzosas y la brutal represión por parte del
Estado. Las leyes y políticas de la minería del país fueron el resultado de negocios hechos entre
las compañías mineras extranjeras y una dictadura militar. Como muchos
activistas de Latino América han comentado, los proyectos y leyes de la minería
son mucho mas fácil de aprobar cuando se pueden hacer entre compañías
extranjeras y dictaduras. El Perú es
también con frecuencia referido como un modelo a seguir debido a la legislación
que ratificó Fujimori.
Igual de perturbador es la afirmación del Banco Mundial que los países
vieron los beneficios de estas legislaciones ‘pioneras’ y así, decidieron
reformar sus propias leyes de minería; “[l]a liberación y la privatización de
la minería son a menudo presentadas como alineadas con la ortodoxia del mercado
libre. Irónicamente, estos procesos han requerido de políticas sustanciales de
intervención y subsidios financieros de las agencias internacionales incluyendo
el Banco Mundial.”[5] Hasta sólo el 1991, 71 Programas de Ajuste
Estructural y 43 ajustes de préstamos sectoriales – ahora conocidos como la
‘Estrategia para la Reducción de la Pobreza’ – han contribuido a la
privatización del sector mineral alrededor del mundo; en años recientes, la
legislaciones sobre minería han sido ‘modernizadas’ en más de 70 países.
Mientras que reescribir la legislación y la determinación de las
políticas de minería nacional con frecuencia ha estado incluido el ampliar los
Programas de Ajuste Estructural, el Departamento de Petróleo, Gas, Minería y
Químicos (OGMC por sus siglas en inglés) de la Corporación Financiera
Internacional, también ha estado directamente implicada en la reforma del
sector de minería, junto con su apoyo directo y su participación en proyectos
específicos del sector privado. Aunque
el Banco Mundial enmarca su implicación en términos de ‘consulta’ y ‘capacidad
de apoyo técnico’, la propia cuenta de su participación en unos países
Latinoamericanos – especialmente cuando se observa que ellos describen esto
como un papel a nivel medio, en comparación con el papel muy activo tomado en
muchos países Africanos – es bastante revelador;
Por ejemplo, la legislación minera de 1992 en México y Perú y las
enmiendas a la ley de Argentina en 1993-1995 fueron trazadas por comisiones de
expertos y representantes de instituciones claves del sector privado y del
gobierno quienes fueron nombrados por el ministro responsable del sector
minero. El Banco Mundial dio los insumos en el inicio del proceso relativo a
los objetivos y características del nuevo instrumento. La ley de minería de
Bolivia en 1997 y las enmiendas a la ley Ecuatoriana en el 2000 fueron también
trazadas por comisiones de expertos nombradas ministerialmente representando a
instituciones claves de los sectores público y privado. El Banco Mundial ha
tenido un papel más activo, ya que este dio un diagnostico inicial y más tarde
apoyo técnico a través de consejeros legales especializados, participó en
reuniones clave de la comisión, y dio sus comentarios en los borradores en las
diferentes etapas del trabajo. [6]
Mientras que ésta legislación ha limitado severamente la habilidad de
los gobiernos y a las comunidades locales de determinar el curso del desarrollo
de las políticas y proyectos de minería, ésta también ha entregado en esencia
todas las ganancias y beneficios potenciales a las compañías transnacionales.
Junto con reescribir las leyes de minería, la CFI también está involucrada en
proyectos de minería por todo el mundo, a través del otorgamiento de préstamos
a compañías mineras y como accionista directa en muchos proyectos. En 1996,
durante el intenso período de reformas legales, los préstamos de la CFI,
específicamente a los proyectos mineros (excluyendo cemento) fueron de $643
millones de dólares, mientras que en el mismo año el 22% de los seguros
proporcionados por el OMGI fueron para los proyectos de minería.
Las alianzas de organizaciones ambientalistas, comunitarias e indígenas
han estado haciendo campaña en contra del enredo del Banco Mundial en la
industria extractora durante años. El Grupo del Banco Mundial considera que debido
a que están “bien situados para ayudar a los países a vencer los retos
políticos, institucionales y técnicos que los previenen de transformar la
dotación de recursos en beneficios substanciales, deben permanecer involucrados
en las industrias extractivas.”[7] Uno puede debatir que debido a que el Banco Mundial
ha estado en posición para transformar las políticas a favor de las
corporaciones privadas, tiene sentido que permanezca involucrado en las
industrias extractivas porque ellos lucran directamente de los intereses de los
préstamos otorgados a los proyectos de minería y de su implicación directa como
accionistas. Bastante simple, el Banco Mundial es un BANCO, representando los
intereses de los países miembros y de los grandes negocios.
Mientras que con frecuencia el Banco Mundial hace referencia a la
rigurosa aplicación de sus políticas protectoras, este ha sido uno de los
principales temas de criticismo. “Estos son preceptos. No son normas que se
hacen cumplir legalmente,”[8] explica el Dr. Robert Moran. Cuando el Banco Mundial
habla de sus políticas protectoras ambientalistas y sociales basadas en ‘lo más
notable de la mejor práctica’ ellos de hecho están refiriéndose a las normas
que son ‘autorreguladas’’; las mismas compañías están regulando sus propios
cumplimientos, como lo hace el Banco Mundial. Las ‘rigurosas’ políticas protectoras rigurosamente protegen
la impunidad de las corporaciones y los actores globales.
Yanacocha: el Banco Mundial, Newmont y Lagunas Rojas en el Perú
Yanacocha es un ejemplo de la implicación del Banco Mundial en la
minería. Facilitado por la legislación minera, ambiental y de inversión privada
ratificada en el Perú con la ‘asistencia’ del Banco Mundial bajo la dictadura
civil de Fujimori a inicios de los 1990, el proyecto Yanacocha se llevó
adelante en propiedad de la Minera Newmont con el 51.35%, Buenaventura
(peruana) con el 43.65% y la Corporación Financiera Internacional con un 5%.
Con el financiamiento de la CFI en 1993, 1994 y 1999 (un préstamo de $100
millones solamente en el 1999), Yanacocha “es la mina de oro más grande de
América Latina y es una de las productoras de oro de menos costo del mundo.” [9] Yanacocha, explica el Padre Marco Arana, un psicólogo
y sacerdote que trabaja con una organización de desarrollo comunitario en la
cercana ciudad de Cajamarca, significa ‘laguna negra’ pero en su parroquia la
mina esta dejando lagunas rojas de aguas ácidas contaminadas por metales
pesados.[10] Las comunidades y organizaciones locales continúan
denunciando los impactos de los repetidos incidentes de contaminación
incluyendo un gran derrame de mercurio. También ha habido una significativa
oposición y resistencia a la expansión de la mina de Yanacocha, la cual es
discutida brevemente en la Sección IV.
En general, el Banco Mundial ha sido y sigue siendo un actor central en
la minería global, a través de su financiamiento y de su participación directa
en los proyectos y su activo papel en la reforma a las leyes que han
beneficiado a las compañías transnacionales. De cara a un marco legal que es
completamente adverso a sus intereses, las comunidades también han hecho frente
a la visión arribista de desarrollo impuesto por las compañías mineras, según
considera el peruano José de Echave.[11] El Banco Mundial es responsable del conflicto social
que resulte, agrega, sin embargo por cierto el Banco Mundial no es el único
actor global implicado.
2.2 Los Canadienses, tan Amables
Nieve, mucha nieve y hielo. Osos. Policía montada. Hojas de arce….. Es
suficiente con decir que cuando la mayoría de la gente piensa en Canadá, las
compañías mineras y su interés global es lo que menos les viene a la cabeza.
Canadá tiene el estereotipo de ser protector y promotor de los derechos humanos
y de proteger el medio ambiente en el mundo. Actuar agresivamente para promover
los intereses de una de las compañías transnacionales de las industrias
extractivas normalmente es asociada con el buen vecino al sur de Canadá.
Sin embargo, el gobierno canadiense ha estado activamente estableciendo
el escenario para la inversión minera alrededor del mundo, mientras que al
mismo tiempo apoya muchas corporaciones canadienses que son responsables de la
destrucción ambiental y de violaciones a los derechos humanos. En el 2002, el
56% de las compañías mineras en el mundo eran canadienses, como lo era el 54%
del financiamiento en acciones ordinarias de la explotación y desarrollo global
del mineral. De 1992 al 2001, la inversión internacional minera canadiense se
incrementó drásticamente de 27.8 billones a más de 86 billones de dólares
canadienses, representando esto en el 2001 un 12% de toda la inversión
canadiense en el exterior.[12] “Lo que esencialmente distingue a Canadá [de otros
países que tienen mayores compañías mineras, tales como los Estados Unidos y
Australia] es la facilidad con que las instituciones financieras de este país
ha respaldado a la minería como un proyecto internacional...” [13]
Las instituciones financieras están lejos de ser las únicas entidades
canadienses respaldando a la minería; algunas de estas acciones están siendo
llevadas a cabo bajo el escudo protector de la Agencia Canadiense de Desarrollo
Internacional (ACDI; CIDA por sus siglas en inglés), la llamada ‘cooperación’
del gobierno canadiense. Por ejemplo, en
Zimbabwe la ACDI ha sido un instrumento en el desarrollo de la industria minera
desde finales de los años 1990, con fondos al Ministerio de Minas de Zimbabwe
para investigaciones aeromagnéticas, la digitalización de las licencias
mineras, entrenamiento técnico y de último pero no de menos, el desarrollo de
una nueva legislación. Aunque este apoyo frecuentemente es formulado en
términos de apoyo para la protección del medio ambiente, según Elizabeth Smith,
una representante de ACDI, “los beneficios [del proyecto de ACDI en Zimbabwe]
están ahora siendo experimentados por las compañías mineras de nivel júnior de
Canadá” [14] Un informe de Recursos Naturales de Canadá se refiere
a su papel como “la Agencia Ejecutiva Canadiense para un proyecto fundado por
ACDI para proveer al Ministerio de Desarrollo de Minas y Minerales de Zambia
con administración y experiencia ambientalista en el sector minero.” [15] La ACDI también participó en la fundación del
Ministerio de Minas en Botswana.
En América Latina, Colombia proporciona otro ejemplo de la implicación
directa de la ACDI en promover la industria minera, aunque en el caso de
Colombia esta participación es en el contexto de la llamada ‘guerra civil
contra el terror y las drogas,’ con más exactitud marcado como un conflicto
global para proteger las inversiones extranjeras en los sectores de las
industrias extractivas y los recursos naturales. No es de sorprenderse que
muchas regiones geográficas que son objetivos del Plan Colombia, con recursos y
‘ayuda’ militar de los Estados Unidos, son las mismas regiones clave en donde
las corporaciones de los Estados Unidos, Canadá y otros países tienen
importantes proyectos de petróleo, gas y minería. En el caso de las regiones
del sur del departamento de Bolívar, rastreos coordinados de grupos
paramilitares y mercenarios ‘aseguraron’ el área para la entrada de las
compañías mineras de oro, matando, desapareciendo, torturando y desplazando a
la población civil. El sur de Bolívar no es un caso aislado en Colombia: “En los distritos mineros, entre 1995 y el
2002, cada año han habido un promedio de 828 homicidios, 142 desapariciones
forzosas, 117 lesionados, 71 personas torturadas, 355 amenazas de muerte y 150
detenciones arbitrarias.” [16]
Al mismo tiempo que estas terribles y sistemáticas violaciones a los
derechos humanos ocurrieron (y siguen ocurriendo) en distritos mineras, ACDI
estuvo activamente implicada en el proceso para cambiar la legislación de
minería para beneficiar a la inversión extranjera de minería en Colombia – una
participación detallada en un informe escrito por el sindicato de la agencia
minera estatal SINTRAMINERCOL después de años de investigación. Iniciando con
‘ayuda’ en la formulación del Código de Minería de 1996-1998, el cual no fue
aceptado debido a la organizada oposición, la implicación de ACDI en la
creación de la legislación en Colombia
sobre minería, petróleo y medio ambiente ha sido por vía de fondos dados al
Instituto Canadiense de Investigación sobre Energía (CERI por sus siglas en
inglés), en cuya lista de donantes privados se puede ver quién es quién en las
grandes compañías canadienses de energía, petróleo y minería. Las
responsabilidades de CERI relacionadas con el desarrollo de la legislación de
minería en Colombia fueron para asegurar el compromiso con los procedimientos y
regulaciones sobre el medio ambiente y para llevar a cabo consultas con los
pueblos indígenas.
De acuerdo con el Ministerio de Minas de Colombia y con fondos de ACDI,
CERI contrató a “Martínez-Córdoba y Asociados” para estas tareas. Sin embargo,
esta misma oficina de abogados fue contratada por el gobierno para formular la
nueva legislación sobre minería. Martínez-Córdoba y Asociados es también el
representante legal de la mitad de las compañías mineras inscritas en el
registro nacional de minería. Mientras que la conformidad con los
procedimientos sobre el medio ambiente fue seriamente comprometida,
Martínez-Córdoba y Asociados no llevó a cabo las consultas con las comunidades
indígenas, reguladas por la Ley 21 de 1991, una ley desarrollada para regular
el Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales ratificada por
Colombia. En vez de ello, el gobierno instruyó a sus abogados de copiar las
legislaciones sobre minería de Chile y Argentina. En la presentación de la legislación
propuesta los mismos abogados anunciaron que el Banco Mundial había ordenado la
privatización de la agencia minera del estado, MINERALCO S.A. Después del
fracasado intento de pasar el Código de Minería de 1996-1998, la legislación
fue aprobada como Ley 685 del 2001. Lejos de garantizar los derechos de los
pueblos indígenas y de proteger el medio ambiente, la ley de minería en
Colombia sigue el camino de otras legislaciones ‘modernizadas’, privatiza la
auditoria ambiental y ha estado impulsando las continuas violaciones a los
derechos humanos e indígenas en las regiones mineras del país. [17]
DFAIT: Relaciones Exteriores para las Compañías Mineras Canadienses
En conjunto con ACDI, muchas otras entidades canadienses han estado
involucradas en el apoyo a la industria minera. El DFAIT (el Departamento de
Relaciones Exteriores y Comercio Internacional) ha estado activo en arreglar y
facilitar reuniones entre representantes de las compañías canadienses y
funcionarios de gobiernos extranjeros. Delegaciones de Comercio federal y
provincial y de diplomáticos canadienses también promueven la inversión en el
sector de minería. En una conferencia al Club Minero dada en un almuerzo en
Argentina en el 2000, el entonces Ministro de Comercio Exterior Pierre Pettigrew
declaró que Canadá estaba “ansiosa de continuar trabajando de cerca con las
autoridades mineras de los países de América Latina”, demostrado por las
agencias canadienses oficiales con la ‘ayuda’ a Argentina para la
implementación de sus ‘objetivos en el desarrollo de la minería’ y por la
oficina Geomatics establecida en la Embajada Canadiense en Argentina en 1998
por el entonces Ministro de Recursos Naturales Ralph Goodale.[18]
Otro apoyo activo para las compañías canadienses de minería en el
exterior es la agencia de crédito exportadora canadiense, la Corporación de
Desarrollo de Exportaciones (EDC, por sus siglas en inglés), también fundada
por la población que paga impuestos. Junto con los reactores nucleares y otros
proyectos del sector de energía, las empresas mineras son frecuentemente
apoyadas por la EDC, la cual se especializa en financiar y asegurar los
proyectos que lo más probable es que resulten en desastres sociales y
ambientales, puesto que el apoyo privado para esos proyectos es más difícil de
obtener. Sin estar sujeta a la regulación ambiental canadiense ni por el
Decreto de Acceso a la Información, la EDC es nada transparente ni se le obliga
a rendir cuentas a nadie. A través de años de investigación, las ONGs
canadienses han descubierto detalles del apoyo de la EDC a muchas minas
alrededor del mundo que tienen como resultado enormes desastres ambientales y
sociales.[19] Quizás el caso más famoso es el de la mina de Omai en
Guyana, Sudamérica.
En el año de 1992, la EDC dio un seguro por riesgo político de $163
millones de dólares a la corporación minera de oro canadiense Cambior para la
mina de oro Omai en el Amazonas de Guyana. Una tercera parte de esta cantidad
fue reasegurada por el OMGI, del Grupo del Banco Mundial. El 19 de Agosto de
1995, una represa colapsó, derramando unos 3.2 billones de litros de cianuro y
desechos de metales pesados en el río Omai, el que desemboca en el río
Essequibo, el principal río navegable del país. El derrame tuvo impactos
devastadores en la vida del río, agricultores, pescadores y las comunidades a
lo largo del río. A pesar de los informes oficiales que encontraron a Cambior
totalmente responsable del incidente, funcionarios canadienses cabildeaban al
gobierno de Guyana para que reabrieran la mina poco después del derrame. En
respuesta al desastre surgieron protestas por todo Guyana, con mensajes tales
como ‘Lleven su veneno de regreso a Canadá’.
De las ONGs nombradas para velar por los derechos indígenas y el medio
ambiente, a la ‘ayuda’ gubernamental para el ‘desarrollo’, a los diplomáticos,
al financiamiento directo y seguros, la implicación de Canadá en la industria
minera en todo el mundo, revela la verdad detrás de su ‘promoción de
responsabilidad social corporativa’: como otros actores globales, Canadá
implementa activamente el modelo de ‘desarrollo’ que representa y sirve a la
agenda de los negocios transnacionales.
2.3 Los Sospechosos de Siempre: los EE.UU., seguridad privada... y ¡la
ONU!
De una manera similar, el gobierno de los Estados Unidos juega un
significante papel en el apoyo a sus compañías mineras transnacionales. Las
compañías de seguridad privada y militar también juegan un papel importante que
va en aumento protegiendo las propiedades mineras e intereses en el extranjero.
Las Naciones Unidas han tenido de alguna manera una posición ambigua sin
embargo han asistido a las compañías.
Fondos Públicos: USTDA y el Banco Exportador-Importador
La agencia exportadora de crédito de los Estados Unidos – el Banco
Exportador-Importador – es similar a la EDC en su financiamiento y seguros de
las corporaciones de los Estados Unidos, incluyendo compañías mineras. La
Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA por sus siglas en
inglés) provee concesiones al sector público y privado por la anticipada
planificación de actividades de los proyectos. Por supuesto, los fondos
dependen del otorgamiento de los contratos a las compañías de los Estados
Unidos; los pagos son hechos desde la USTDA directamente al contratista
estadounidense. Entre las concesiones relacionadas a la minería en América
Latina, la USTDA ha fundado muchos estudios de factibilidad para los proyectos
de minería en Bolivia, Brasil y la Republica Dominicana. En el 2001, un
proyecto proporcionó una donación para llevar a cuatro funcionarios de gobierno
de la provincia de Neuquen, Argentina, junto a representantes de la Embajada de
los Estados Unidos en Buenos Aires, a los Estados Unidos para conocer
potenciales inversionistas estadounidenses del sector minero.
Mercenarios para la Minería
Un desarrollo bastante reciente ha sido el incremento en el uso de las
compañías de seguridad, las compañías militares privadas y mercenarios por las
compañías mineras. En algunos casos, tales como Colombia, hay enlaces directos
entre mercenarios, compañías privadas de seguridad, paramilitares, fuerzas
armadas del Estado, ayuda militar de los Estados Unidos y proyectos de minería.
Cada vez más, estas compañías privadas de seguridad y militares son empleadas
directamente por las compañías mineras transnacionales, sin embargo en muchos
casos no se distinguen de los mercenarios, sus mandatos son vagos y sus
regulaciones casi en su totalidad carecen de leyes nacionales e
internacionales; “ellos no reportan sus actividades excepto a los que tienen
los mismos intereses privados. Nada les exige informar de sus actividades a la
población local, a los gobiernos anfitriones o a los gobiernos de los países de
donde ellos vienen.”[20]
En Ghana, Goldfields Ghana, una compañía minera Surafricana, subcontrató
a ‘John van Nostrand Associates Limited’ (conocida ahora como ‘Planning
Alliance’), una firma canadiense especializada en ‘reasentamiento humano’, para
reubicar a más de 20,000 personas. Cuando algunas comunidades en el distrito de
Tarkwa rechazaron los términos propuestos/impuestos por Goldfields Ghana, esto
resultó en brutales violaciones a los derechos humanos incluyendo el asesinato.[21]
¿Son las Naciones Unidas los Buenos?
Como contraste, las Naciones Unidas (ONU) son (o por lo menos fueron) generalmente consideradas de ser quienes mantienen la paz en el mundo, reputación similar a la de Canadá. Sin embargo, en los años 1960 y en los 1970, el Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo (PNUD) estaba activamente explorando depósitos de mineral en muchos países en vías de ‘desarrollo’. Los objetivos eran ostensiblemente apoyar los esfuerzos para explotar los recursos naturales para el desarrollo nacional. No obstante, al mismo tiempo, muchos de estos países eran gobernados por notorias dictaduras militares corruptas ocupadas en torturas, desapariciones forzosas y masacres. Después que la ONU abandonó su Centro de Corporaciones Transnacionales, se ocupó en otra iniciativa relacionada con la minería. La Organización Mundial de la Salud (OMS) formó un equipo con cinco de las principales compañías mineras (Placer Dome, BHP, Pasimco, Rio Tinto, WMC), algunas de las cuales han estado implicadas en serias violaciones a los derechos humanos, para formar la ‘Alianza Mundial de la Salud Comunitaria.’ Considerado como un esfuerzo para limpiar la imagen negativa de la industria minera, la Alianza tiene como fin “mejorar la salud comunitaria a través de la promoción, el desarrollo y la facilitación de proyectos dirigidos por el sector privado.”